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Sociedad

La antena de la discordia

Aquellos que se acerquen a Carabias, núcleo agregado de Sigüenza, en dónde se encuentra uno de los mayores exponentes del románico rural de la provincia, se verán sorprendidos por la presencia omnipresente de una antena de telefonía móvil. (ver foto adjunta) ¿Qué hace allí una antena de esas características?

Ya hacía tiempo que habíamos recibido en La Plazuela noticias de protestas de sus vecinos por su instalación en las inmediaciones del pueblo. Tanto la propietaria de la casa rural “Las Tainas de Carabias” como Willers y Anna Jessen que desde dos décadas tienen casa en Carabias (muchos recordamos las actuaciones en sus fiestas del grupo de rock alemán Midlife Special para recaudar dinero con el fin de embellecer y restaurar el pueblo), nos habían puesto en antecedentes del asunto.

Marta Gordillo, representante de los vecinos en este asunto de la antena, nos explicó in situ junto a esta, como se llegó a instalar y los pasos que se están dando en el pueblo para lograr su retirada.

En 2014, la empresa Telecom Castilla-La Mancha, empresa pública participada por la Junta de Castilla la Mancha, decide instalar una antena de telefonía para dar cumplimiento al plan de instalaciones previsto para toda la comunidad, aún cuando según ellos mismos la instalación no era necesaria en Carabias. Buscan un terreno supuestamente público lindando terrenos urbanos del pueblo, y en pocos días se instala allí la antena, concediendo el Ayuntamiento de Sigüenza la correspondiente licencia de obra.

Cuando ven la antena instalada, los vecinos del pueblo se reúnen y afirman que el terreno donde se ha colocado la antena no es público sino de muchos propietarios del pueblo, en régimen de pro indiviso, y que ellos nunca han autorizado la instalación de una antena. La mayoría firma una carta para pedir a la compañía que saque la antena de un terreno que los vecinos consideran de su propiedad.

Marta Gordillo comenta la titularidad jurídica del terreno donde se ha instalado la antena. “No lo tienen escriturado, porque en esos años pocas cosas lo estaban.  Parece ser que es un resto de una parcelación en la que se renombraron polígonos. En el propio catastro aparece a nombre de una persona privada, y no a nombre del ayuntamiento. Fuimos a investigar y en el Archivo Histórico de Guadalajara están las cédulas de todas las partes, de todos los propietarios del terreno, cada uno tiene un trozo de esa finca en proindiviso. El propio catastro emitió un informe que acredita que lo que aparece en las cédulas coincide con el terreno donde hoy está instalada la antena. La titularidad privada está acreditada y ninguno de los numerosos propietarios ha consentido que esa antena se instale en su propiedad. El propio Ayuntamiento de Sigüenza le dijo a Telecom Castilla la Mancha y a Telefónica (usuaria de esa antena) que ese terreno no era municipal. Pero a Telefónica y a Telecom esto les dio igual. Telecom sólo les ofreció pintarla de otro color”. 

 “Lo primero que hizo la gente del pueblo -continúa Marta- fue enviar un burofax a la empresa exigiendo que sacara la antena de un suelo privado en el que no estaba autorizada su instalación. No hicieron ningún caso, siguieron alegando que la titularidad era del Ayuntamiento, a pesar de que el propio alcalde de Sigüenza les dijo que no constaba como terreno municipal”.

Respecto a la titularidad del terreno, el Ayuntamiento de Sigüenza considera que no es competente para entrar en este asunto y que a la hora de dar una licencia de obra, no le corresponde averiguar la titularidad del terreno. “Si la instalación se ha realizado en terrenos de propietarios privados sin su conocimiento, pueden reclamar en la jurisdicción civil para que retiren la antena”, comenta Alfonso Suárez, secretario del Ayuntamiento.

Tras la concesión de la licencia de obra, los vecinos pusieron un pleito al Ayuntamiento por la manera de concederla pero lo perdieron, porque el juez consideró que el Ayuntamiento había analizado la solicitud de licencia de obra con la suficiente diligencia. El juez no valora si lo que hoy está construido cumple con la normativa o no.

Aparte del problema de titularidad de los terrenos, los vecinos plantean que existen irregularidades en la instalación. En cuanto a las características de la antena se trata del tipo ER.5, una antena que debe estar en terreno rústico y aislado, la ley indica que no deben vivir personas a menos de 50 metros de instalación. Nos aclara Marta: “Es verdad que está instalada en un terreno rústico pero todo el terreno a su alrededor es urbano. Aquí hay muchos solares que están a menos de 50 metros en donde ya no se puede construir, han inhabilitado  terrenos urbanos de muchos vecinos, terrenos que antes tenían un valor y que hoy están al lado de una antena al lado de la cual, según la legislación no se debe vivir”. Precisamente, la antena está situada en el lugar donde está prevista la expansión del pueblo. En el caso de Marta Gordillo precisamente un terreno de su propiedad está solo un poco más alejado de ese límite de los 50 metros, y ella se pregunta si a un metro más alejado la antena ya no implica peligro de radiación.

El Ayuntamiento se puso en contacto con Fomento de Castilla-La Mancha, al ser Telecom una empresa con participación pública y allí le dijeron que si el pueblo renunciaba a la antena se quitaría de allí. El pueblo se reunió de nuevo y la mayoría, unos treinta y tantos vecinos, firmaron un documento en el que renunciaban a la antena en su actual colocación. Fue en vano y sus firmas no dieron resultado alguno. Marta, que de profesión es mediadora, afirma que han intentado buscar una solución amigable, “incluso se buscó  una opción alternativa, un solar en un lugar apropiado unos 200 metros más arriba que un propietario donaba gratuitamente, pero la empresa puso todo tipo de pegas, que si estaba en una ZEPA (zona de protección de las aves) que si no tenía accesos. Nosotros les mostramos que no era verdad ni una cosa ni la otra, no estaba dentro de una ZEPA y sí existían los accesos apropiados.

En un momento dado Telecom dijo que había presupuestado mover la antena 100 metros, dentro de la misma finca propiedad de los mismos vecinos (que no autorizaron esa instalación dentro de su propiedad), que costaba 50.000 euros y ¡que lo tenía que pagar el pueblo! ¡Cuando ellos la habían instalado en un terreno de forma ilegal, sin consentimiento de la propiedad, encima tenía que pagar el pueblo por quitarla!”.

Por lo que cuentan los vecinos, la conducta de Telecom Castilla-La Mancha desde el principio ha sido de muy poco respeto con el pueblo. Nos dice Marta: “al principio engancharon la luz de mala manera e incluso llegaron a pasar el consumo de luz a los vecinos”, ante las protestas tuvieron que corregir estas actuaciones.

Los vecinos constataron además que existían irregularidades en la colocación de la antena al no reunir las distancias mínimas legales a un camino y a una edificación cercana (un depósito de agua). “Contratamos a un perito para que hiciera las mediciones y comprobó que estas no se ajustaban a la legalidad”, explica Marta. A partir de este peritaje los técnicos del Ayuntamiento vinieron e hicieron las mediciones también, confirmando que no cumplían la legalidad. En 2016 se incoa un expediente urbanístico por parte del Ayuntamiento a la empresa para que se subsanaran las deficiencias observadas.

Ante esto Telecom C-LM presentó un escrito de alegaciones en enero de 2017 para legalizar esas actuaciones urbanísticas. Tras una nueva inspección de sus técnicos el Ayuntamiento aprecia que varias de esas deficiencias no se han subsanado y en agosto de 2017 dicta un informe desfavorable denegando la licencia de funcionamiento de la antena, dando un plazo de dos meses a la empresa para que retire la antena. Estamos ya en diciembre y la antena permanece en su lugar. En el Ayuntamiento señalan que no se ha llevado a cabo ninguna actuación porque de nuevo la empresa ha presentado un recurso aportando datos, basados en mediciones topográficas que contradicen las mediciones hechas por el técnico municipal y por el peritaje de los vecinos.

El siguiente paso, nos informa el secretario del Ayuntamiento de Sigüenza, es la realización por parte del consistorio de una nueva medición topográfica para dictaminar cuales son las mediciones correctas y si las distancias se ajustan a la legalidad. Añade que la disparidad en las mediciones es muy pequeña y por eso hay que hacer un estudio muy cuidadoso antes de tomar cualquier decisión. Señala que, de cualquier forma, en muchos casos se sopesa la gravedad de infracción y el coste de la posible retirada. También añade que, cualquiera que fuera el veredicto que ponga fin a la vía administrativa, existiría luego la posibilidad de un recurso judicial interpuesto por la parte que se considere perjudicada por la decisión.

Lo que se desprende de todo esto es que la empresa no parece tener ninguna voluntad de negociar la retirada y se supone que si no se satisfacen sus pretensiones por vía administrativa optará por apelar de nuevo en la vía judicial.

A los vecinos les parece increíble que la empresa Telecom  Castilla-La Mancha esté dispuesta a seguir pleiteando, con los costes que esto conlleva, en vez de invertir el mismo dinero en asumir su error y corregir la ilegalidad. Les parece indignante que el Ayuntamiento les insinúe que se sigan gastando el dinero en pleitos contra una empresa semi-pública para desahuciar a los que han invadido su terreno sin su consentimiento.

Y mientras tanto Telefónica, la operadora que se beneficia de la antena, informada de todo esto, según los vecinos, mira para otro lado. Habría que preguntarse cómo es posible que para atisfacer un bien de interés general, como es la telecomunicación, se puede pasar por encima de los derechos de los vecinos.

Cualquiera que se dé una vuelta por Carabias se da cuenta de que la antena está en un lugar poco apropiado por la cercanía al núcleo urbano. La moraleja de este asunto sería que hay que estar atentos en los pueblos, para evitar que, aprovechándose del despoblamiento y de la dejadez, se produzcan situaciones como esta u otros atropellos, como pueden ser, la apropiación de caminos públicos o la instalación de macrogranjas de porcinos con las secuelas de contaminación que ello conlleva

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